La acción de ejecución es la actividad procesal cuyo objetivo es obtener el cumplimiento de un título ejecutivo, normalmente una sentencia.

El artículo 521 del a Ley de Enjuiciamiento Civil indica que no son ejecutables las sentencias meramente declarativas ni las constitutivas, no en vano, no precisan de actividad ejecutoria. No obstante, cuando una sentencia constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, estos se ejecutarán del modo previsto para ellos.

Las sentencias de nulidad, separación o divorcio llevan normalmente consigo pronunciamientos de condena, ya sea dinerario, de hacer o de no hacer, que sí precisarán de actividad ejecutiva. En estos procesos en los cuales se realizan pronunciamientos relativos al estado civil, no admiten tampoco ejecución provisional, ya que adquieren firmeza inmediata.

El proceso de ejecución comporta una actividad procesal, solo tiene lugar en defecto de cumplimiento voluntaria. Además no se produce de oficio, sino que este procedimiento comenzará cuando el interesado, normalmente uno de los cónyuges, pida la ejecución de la sentencia ante el juez que conoció del asunto en primera instancia que es el competente.

¿Qué títulos son ejecutables?

La ejecución de la sentencia es el supuesto más habitual, no obstante el artículo  la LEC contempla otros títulos que pueden servir de base para el ejercicio de la acción ejecutiva:

En relación a las sentencias, y para el caso de que exista apelación, la sentencia que se ejecuta es la recaída en segunda instancia, aunque sea confirmatoria de la del juzgado. Aunque, desde un punto de vista práctico, es aconsejable aportar las dos sentencias, la del juzgado y la Audiencia.

Plazo para interponer la ejecución

Una vez obtenida una sentencia de condena en el procedimiento de separación o divorcio, la legislación indica que se debe conceder un plazo de cortesía de 20 días siguientes a la notificación de la sentencia al condenado, para que el cónyuge cumpla voluntariamente la sentencia. Aunque en la práctica, se recomienda a los abogados que solicites y a los jueces que fijen las fechas y plazos de cumplimiento de todas los pronunciamientos. En cualquier caso, las pensiones se podrán reclamar desde el momento en que exista una resolución judicial que las establezca.

Por otro lado, existe un plazo de 5 años a contar desde la firmeza de la resolución para interponer, pues la acción caduca si no se interpone en ese plazo.

Interposición de recursos

Todas las medidas impuestas en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad son directamente ejecutivos desde que se dictan sentencia, aunque la otra parte interponga un recurso. En estos casos, la interposición de recursos no suspende la eficacia de los medidas que se hubieran acordado en sentencia, siendo de aplicación las normas de ejecución definitivas.

Caducidad de la acción

Cuanto tiempo se puede tardar en interponer la ejecución judicial de una sentencia o un acuerdo alcanzado en el proceso. El artículo 518 indica que la acción ejecutiva caducará si no se interpone la correspondiente demanda dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.

Este plazo se ha de contabilizar desde cada vencimiento de pensiones periódicas y no desde la fecha de notificación de la sentencia.

En cualquier caso, la caducidad del acción es un motivo contemplado en el artículo 556 de oposición a la ejecución de resoluciones procesales, y que no puede ser apreciada de oficio.

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