El uso de la vivienda

La atribución del uso de la vivienda suele ser un punto de conflicto en los procesos de divorcios. En este apartado, sólo nos referimos a la vivienda familiar, y por lo tanto se excluye las segundas viviendas.

Durante el matrimonio, para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial.

En caso de separación o divorcio, el acuerdo de las partes será fundamental a la hora de determinar el uso de la vivienda. A falta de acuerdo, el Juez debe disponer que la vivienda la disfrute los hijos menores o incapacitados del matrimonio, y por tanto, el cónyuge que obtenga la custodia de los mismo. En este sentido, el artículo 96 del Código Civil, e independientemente de cual de los dos cónyuges sea el propietario, indica que dispondrá del uso de la vivienda familiar, y por ende de los objetos de uso ordinario que existan en la misma, los hijos y el cónyuge en cuya compañía queden.

La atribución del uso de la vivienda constituye un derecho de ocupación oponible frente a terceros, y por tanto, inscribible en el Registro de la propiedad. Por otro lado, si el propietario no es el mismo que el cónyuge titular del derecho de uso se necesita su consentimiento, o autorización judicial, para cualesquiera actos que puedan calificarse como actos de disposición de la vivienda.

Para el caso de que no existan hijos, en principio el uso y disfrute de la vivienda corresponde al propietario de la misma. En cualquier caso podrá acordarse que el uso, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección (por enfermedad, incapacidad para trabajar, salud, etc.)

Por último, en el caso de los segundos domicilios u otro tipo de locales que no constituyan vivienda familiar, podrán establecerse su uso en caso de acuerdo entre los cónyuges, pero en caso de desacuerdo el juez no puede decidir dentro del procedimiento matrimonial, sino que se realizará en el procedimiento de liquidación de gananciales.

  1. La atribución de otras residencias de familia o locales debe efectuarse de acuerdo a las reglas del régimen económico matrimonial.
  2. En su caso, debe incluirse dentro de la liquidación del régimen económico matrimonial.

Plazo para abandonar la vivienda

Es conveniente que se estableczca en la resolución judicial o en el convenio regulador un plazo o el día en que se ha de producir el abandono. Aunque hay que atender a cada caso de forma particular es recomendable un plazo no superior a diez días.

División material

En casos muy excepcionales, se ha permitido la división material de un inmueble en el procedimiento matrimonial cuando sea lo más adecuado para la protección del interés del menor y siempre que la división sea posible y útil.

El pago de los gastos ocasionados por la vivienda

En principio, y salvo que se llegue a otro tipo de acuerdo, los gastos ordinarios de la vivienda, así como la de suministros tendrá que pagarlos el cónyuge que disfrute de la vivienda.

No obstante, los gastos y cargas relativos a la propiedad del inmueble, como puede ser la hipoteca o el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) deberá sufragarlo el propietario. Si la vivienda es común, tales cargas deberá de ser abonadas por ambos cónyuges. Por todo ello, puede darse el caso de que el propietario que no tenga la guardia y custodia del menor, esté pagando la vivienda sin poder disfrutar de ella.

Vivienda alquilada

Cuando la vivienda familiar no pertenece a ninguno de los dos cónyuges, sino que es alquilada, en el convenio regulador se puede establecer quien seguirá en ella. Dicho cónyuge pasará a ser el titular del contrato.

Si bien, deberemos comunicarle al propietario en el plazo de dos meses desde que notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial.

Medidas previas o provisionales

Dentro de las medidas provisionales anteriores a la demanda o con la presentación de la misma, ya sea de mutuo acuerdo o indicado por el juez mediante auto, se indicará quién hará uso de la vivienda familiar mientras dure el procedimiento de separación o divorcio.

Dicho acuerdo no será vinculante para las pretensiones respectivas de las partes ni para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que respecta a las medidas definitivas.

La inscripción del uso de la vivienda en el registro de la propiedad

El derecho de uso y disfrute de la vivienda, es un derecho inscribible que produce eficacia frente a terceros adquirentes. De esta forma , se constituye una limitación a las facultades dispositivas del cónyuge propietario al que no se le atribuye el uso.

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