Concepto del convenio regulador

El convenio regulador es el documento privado en el que se regula las consecuencias jurídicas de la separación o divorcio del matrimonio en un procedimiento de mutuo acuerdo, en otro caso, estos efectos vendrían recogidos en la sentencia.

En un proceso de mutuo acuerdo las partes con la representación de un sólo procurador, y la asistencia de un abogado para ambos cónyuges, presenta el Convenio regulador para su aprobación por parte del juez con la perceptiva demanda. Esta aprobación será denegada en caso de que considere que el acuerdo es perjudicial para los hijos o para uno de los miembros de la pareja.

Tiene fuerza vinculante entre las partes y su importancia radica en que una vez establecido sólo puede ser modificado si se altera sustancialmente las condiciones en las que se aprobó, o si el propio convenio establece cauces para su modificación.

¿Quién puede acordar un convenio regulador

Aunque el procedimiento habitual en el que se firma un convenio regulador es el de separación o divorcio, también en caso de parejas no casadas con hijos menores es factible recoger en estos acuerdos la guardia y custodia, y el régimen de visitas, de los hijos menores.

Importancia del convenio regulador

El contenido del convenio regulador debe de ser lo más preciso y conciso, para evitar, en la medida de lo posible, posteriores litigios. En este sentido, lo más adecuado sería precisar con todo detalle los distintas situaciones que van a vivir los menores a lo largo de su vida, y cuales la opción adoptada por los cónyuges, o cual va a ser el método de resolución.

Por poner un ejemplo, a ser posible, sería conveniente indicar si el menor:

  1. Educación religiosa o laica que recibirá el menor, y si en este realizará la primera comunión y con cuál de los dos cónyuges.
  2. Universidad a la que asistirá, ya que en principio el pago lo realizarán entre ambos cónyuges.
  3. A quién corresponde el pago de los gastos extraordinarios, y que conceptos entran dentro de esta definición.
  4. Forma de comunicación entre ambos cónyuges y resolución de problemas.

El contenido del convenio

El contenido mínimo está legalmente predeterminado por el artículo 90 del Código Civil :

La patria potestad, la guardia y custodia y el régimen de visitas

El divorcio no exime a los padres de sus obligaciones para con sus hijos, pues las relaciones paternofiliales no quedan afectadas por la sentencia o el convenio regulador. Debemos de distinguir la patria potestad y la guardia y custodia. En el primer caso, se trata de los derechos y deberes que tiene cada progenitor con sus hijos y que se mantienen independientemente de quien conviva con ellos. En segundo lugar, hace referencia a la convivencia diaria con el menor. En cualquier caso, no cabe ningún pacto relativo a la titularidad de la patria potestad, y únicamente a su ejercicio.

La diferencia a efectos prácticos sobre el menor, es que el que ejerza la guardia y custodia tomará todas aquellas medidas sobre la educación del hijo que afecten al día a día. Por otro lado, todas aquellas decisiones que afecten a la vida personal del menor, más pensado en el largo plazo, deberán de ser decididas por los progenitores que tenga la patria potestad. Por ejemplo, la decisión de realizar la comunión, o la educación laica o religiosa del hijo deberán decidirlo siempre los dos progenitores de común acuerdo.

En las separaciones y divorcios, la regla general es que tanto la patria potestad y la guardia y custodia sea ejercida de manera conjunta por ambos progenitores. Es más normal en el caso de la patria potestad, y más complicado en la guardia y custodia. En este sentido, en relación con la guardia y custodia caben las siguientes posibilidades:

  1. Guardia y custodia ejercida total o parcialmente por uno de los progenitores, que los padres podrán acordar o el juez decidir en beneficio de los hijos.
  2. Guardia y custodia ejercida de forma compartida por los padres, cuando así lo soliciten éstos en el convenio regulador o lo acuerden en el transcurso del procedimiento, o cuando lo solicite una de las partes y el Juez la acuerde, previo informe del Ministerio Fiscal, fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. Sin embargo, la guarda conjunta no procede cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos, o cuando el juez advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.
  3. En casos excepcionales la guardia y custodia puede ser ejercida por un familiar del menor, ya sea tía o abuelos.

Si la guardia y custodia no es compartida, deberá de establecerse un régimen de visitas, al progenitor que no tenga la guardia y custodia. Si no existe acuerdo entre las partes, se establecerá un mínimo de visitas, que será establecido en función de la circunstancias personales de cada caso, pero con carácter general suele establecerse:

  • Fines de semana alternos
  • La mitad de los períodos vacacionales de los menores: navidad, semana santa, verano

También se podrá establecer un derecho de visitas a los abuelos, parientes y allegados del menor.

Todos estos pactos en relación con menores requiere para su eficacia y ejecutabilidad la aprobación judicial previo informe del ministerio fiscal.

Más información | La guardia y custodia | Régimen de visitas

La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, la norma general es que el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. En defecto de ser necesaria una protección de los hijos, puede otorgarse el uso al interés necesitado de uno de los cónyuges.

Esta atribución es independiente de la titularidad sobre la vivienda, o sobre el derecho que permite su utilización, que bien podrá corresponder al cónyuge no beneficiado.

Más información | El uso de la vivienda familiar en el divorcio

La contribución a las cargas del matrimonio y la pensión de alimentos.

La pensión de alimentos tiene como objetivo cubrir parte de los gastos ordinarios de los hijos comunes de la pareja. El cónyuge no podrá rechazar la pensión de alimentos, ya que es un derecho del menor, indisponible por parte del progenitor. El juez, determinará la cuantía de la prestación, que puede ser incluso mayor a la solicitada. No obstante, el poder judicial ha establecido unas tablas para el cálculo de dicha prestación en función de los ingresos de cada progenitor. Dichas tablas son usadas de forma orientativa, y normalmente como bases mínimas de la prestación.

Más información | Pensión de alimentos | Fondo de Garantía del pago de Alimentos | Contribución a las cargas del matrimonio

La liquidación del régimen económico matrimonial.

La liquidación del régimen económico matrimonial consiste en asignar la propiedad de los bienes comunes del matrimonio a cada uno de los cónyuges, después de realizar el inventario de todos los bienes y deudas que forman la sociedad conyugal. Esta liquidación se debe de realizar si el matrimonio está casado en régimen de gananciales o el de participación, donde existe un patrimonio común formado por todos los bienes que los cónyuges han aportado al mismo durante la vigencia del vínculo matrimonial.

Más información | La liquidación del régimen de gananciales

La pensión compensatoria

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

La determinación de su cuantía puede hacerse de común acuerdo entre las partes, o en sentencia establecida por el juez atendiendo a las siguientes circunstancias:

  1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
  2. La edad y el estado de salud.
  3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
  4. La dedicación pasada y futura a la familia.
  5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
  6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
  7. La pérdida eventual de un derecho de pensión.
  8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
  9. Cualquier otra circunstancia relevante.

Lo más aconsejable es recoger en el convenio todas las posibles problemas que se pueden plantear en un futuro, es decir:

  • Causas de modificación.
  • Causas de extinción.
  • Forma de pago e incluso garantías para el pago.

Aunque lo más conveniente es recoger en el convenio regulador las causas de extinción, el artículo 101 del Código Civil indica que se extinguirá ante el nuevo matrimonio o convivencia marital con tercero.
Más información | La pensión compensatoria

¿Quién establece el convenio regulador?

Cuando el divorcio es realizado por mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, a la demanda se deberá acompañar el convenio regulador en el que se indique los efectos del divorcio.

El juez siempre aprobará el acuerdo al que hayan llegado los cónyuges, salvo que sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

En los divorcios contenciosos a la demanda de divorcio realizada por uno de los cónyuges se acompañará la propuesta del convenio regulador que hayan de regular los efectos del divorcio. Recibida la demanda por el otro cónyuge, puede aceptar dicho convenio o presentar otro diferente en la contestación a la demanda.

En el caso de no haber convenio regulador ni acuerdo entre los cónyuges, corresponde al juez determinar las medidas definitivas. En este sentido, el convenio requiere aprobación judicial, que no se dará si los acuerdos de los cónyuges son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de ellos. En tales casos el Juez puede denegar la aprobación mediante resolución motivada. Producida la denegación, los cónyuges deberán someter al Juez nueva propuesta, para su aprobación, si procede, que podrá limitarse a los puntos no aprobados por el Juez inicialmente. Si esta nueva propuesta, tampoco es aprobada por el juez, sera éste quien decida las partes del convenio no aprobadas, siempre velando el interés del menor y la igualdad entre los cónyuges.

Hay que tener en cuenta, que en cualquier divorcio, si existen niños el Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará siempre por el interés del menor y en la medida de lo posible el cumplimiento de su derecho a ser oídos.

Modificar el convenio regulador

Las medidas adoptadas pueden ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. Esa alteraciones de las circunstancias deben cumplir los siguientes características:

  1. Modificación o alteración de las circunstancias que los cónyuges, o en su caso el Juez, hayan tenido en cuenta para la adopción de las medidas definitivas establecidas en el convenio regulador.
  2. La alteración de las características, deben de ser esencial y sustancial, de tal importancia que haga suponer que, de haber existido tales circunstancias al momento de la separación o el divorcio, se hubieran adoptados medidas distintas.
  3. La alteración ha de tener carácter permanente, o con apariencia de estabilidad.
  4. La alteraciones debe de ser imprevista y no buscada voluntariamente, por aquel que pretende invocarla para modificar las condiciones del convenio regulador.

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